Mientras la audiencia donde declaró Rafael Ianover puso al desnudo la estrategia de los abogados de Magnetto y Mitre, La Nación anunció una presentación que nunca se concretó.
Por Daniel Cecchini
La audiencia del miércoles pasado en la Fiscalía Federal para delitos de Lesa Humanidad de La Plata, cuando finalmente Rafael Ianover, ex testaferro de David Graiver, relató cómo firmó bajo presión y sin conocer el precio la transferencia de las acciones de Papel Prensa S.A. que estaban en su poder a favor de la empresa fantasma Fapel –un instrumento creado por Clarín, La Nación y La Razón exclusivamente para consumar esa operación– no sólo arrojó luz sobre la maniobra de apropiación en sí, sino también sobre las estrategias jurídicas cruzadas con las que la querella del Estado, por un lado, y los abogados de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, por el otro, están abordando el caso.
La querella del Estado –que se presentó el martes pasado con el patrocinio del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, pero que en la práctica es conducida por el subsecretario de Derechos Humanos de La Nación, Luis Alén– apunta a demostrar lo que las investigaciones de Miradas al Sur vienen poniendo en evidencia desde hace casi un año: que Clarín, La Nación y La Razón participaron, en complicidad con la dictadura y utilizando las herramientas del terrorismo de Estado, en el despojo del Grupo Graiver para quedarse con la única empresa productora de Papel de diarios del país. Por esa razón, acusó de extorsión y asociación ilícita a los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, al ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz; al ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Podestá; y a los directivos de los tres diarios y de Fapel, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto (ambos de Clarín), Bartolomé Mitre (de La Nación), y Sergio, Marco y Hugo Peralta Ramos (de La Razón). Por el peso de sus participantes y el papel propagandístico cumplido por los tres diarios durante el llamado proceso de reorganización nacional, el caso Papel Prensa muestra de manera fehaciente y emblemática el carácter cívico-militar de la última dictadura.
Del otro lado, la defensa de Magnetto y Mitre –conducida por Hugo Wortman Jofré– intenta mostrar la “compra” de Papel Prensa como una operación legal y legítima realizada por los tres diario. Para lograrlo, quiere despegarla del despojo de las otras empresas que pertenecían al Grupo Graiver y de los secuestros y torturas a los que fueron sometidos muchos de sus integrantes. Esta estrategia –repetida hasta la saturación en las páginas de Clarín y La Nación desde hace meses– fue la que emplearon los abogados de los directivos de los diarios durante la declaración de Ianover.
Del otro lado, la defensa de Magnetto y Mitre –conducida por Hugo Wortman Jofré– intenta mostrar la “compra” de Papel Prensa como una operación legal y legítima realizada por los tres diario. Para lograrlo, quiere despegarla del despojo de las otras empresas que pertenecían al Grupo Graiver y de los secuestros y torturas a los que fueron sometidos muchos de sus integrantes. Esta estrategia –repetida hasta la saturación en las páginas de Clarín y La Nación desde hace meses– fue la que emplearon los abogados de los directivos de los diarios durante la declaración de Ianover.
A embarrar la cancha. El miércoles pasado, Rafael Ianover relató a los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Carlos Dalau Dumm las circunstancias en que debió firmar la transferencia de las acciones de Papel Prensa a favor de Clarín, La Nación y La Razón la noche del 2 de noviembre de 1976 en las oficinas del diario La Nación en la calle Florida (ver en esta misma página). Volvió a decir – ahora en la Justicia – que en ese momento temía por su vida y la de su familia, que no leyó los papeles que le hicieron firmar, que no recibió dinero por la operación y que sólo firmó después de que el presidente de La Razón, Patricio Peralta Ramos (fallecido hace dos semanas), le dio su palabra de que, si lo hacía, no le iba a pasar nada. También explicó que, aún después de haber firmado, siguió desempeñándose por indicación de los “compradores” como vicepresidente de Papel Prensa por lo menos hasta el 18 de enero. Esta última afirmación, sumada al hecho que Lidia Papaleo de Graiver terminó de firmar los últimos papeles relativos a la transferencia el 9 de marzo de 1977 y a que la operación nunca fue autorizada por el juez de menores que velaba por los intereses de María Sol Graiver – menor de edad y heredera de parte de las acciones -, constituye un duro golpe para el intento de la defensa de despegar temporalmente la supuesta venta de los secuestros sufridos por los integrantes del Grupo, que comenzaron ese mismo 9 de marzo, con la detención ilegal de Juan Graiver.
Durante la audiencia –que fue definida para Miradas al Sur como “picante” por una fuente cercana a la querella–, Wortman Jofré intentó desviar el curso de la declaración mediante diversas chicanas. Pidió al ex testaferro de Graiver que reconociera su firma en fotocopias simples de supuestos documentos de pago que Ianover dijo no recordar: “No sé si es mi firma o no – respondió el hombre, de 85 años -, pero lo que puedo decir es que todo lo que firmé lo firmé sin leer y con miedo por la presión de la dictadura”. El momento cumbre de la embarrada de cancha por parte de la defensa fue cuando el abogado de Magnetto le preguntó a Ianover si sabía que Papel Prensa había sido comprada con dinero de Montoneros, pero fue rápidamente contrarrestado por Luis Alén, quién se opuso a la pregunta: “¿A usted le consta eso?”, interrumpió el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de La Nación. Wortman Jofré debió reconocer que no. “En general, con sus preguntas intentaron siempre correr el eje de la cuestión, para desviar el caso de lo que realmente es: la apropiación de una empresa por una asociación ilícita de militares y civiles en el marco del terrorismo de Estado, lo que constituye un delito de lesa humanidad.”, dijo a Miradas al Sur la misma fuente.
Durante la audiencia –que fue definida para Miradas al Sur como “picante” por una fuente cercana a la querella–, Wortman Jofré intentó desviar el curso de la declaración mediante diversas chicanas. Pidió al ex testaferro de Graiver que reconociera su firma en fotocopias simples de supuestos documentos de pago que Ianover dijo no recordar: “No sé si es mi firma o no – respondió el hombre, de 85 años -, pero lo que puedo decir es que todo lo que firmé lo firmé sin leer y con miedo por la presión de la dictadura”. El momento cumbre de la embarrada de cancha por parte de la defensa fue cuando el abogado de Magnetto le preguntó a Ianover si sabía que Papel Prensa había sido comprada con dinero de Montoneros, pero fue rápidamente contrarrestado por Luis Alén, quién se opuso a la pregunta: “¿A usted le consta eso?”, interrumpió el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de La Nación. Wortman Jofré debió reconocer que no. “En general, con sus preguntas intentaron siempre correr el eje de la cuestión, para desviar el caso de lo que realmente es: la apropiación de una empresa por una asociación ilícita de militares y civiles en el marco del terrorismo de Estado, lo que constituye un delito de lesa humanidad.”, dijo a Miradas al Sur la misma fuente.
Otra operación mediática. Mientras es esperan las declaraciones en la Justicia de otros integrantes del Grupo Graiver, Clarín y La NaciónLa Nación no detienen sus operaciones mediáticas. La última fue la publicación, el viernes pasado en La Nación, de una nota que anunciaba que el presidente del directorio de ese diario, Julio Saguier, presentaría “en las próximas horas” un testimonio ante escribano donde relataría un encuentro que habría tenido con Lidia Papaleo, donde la viuda de Graiver le habría confesado que el Gobierno le había ofrecido dinero para sumarse a la operación contra Papel Prensa. Miradas al Sur pudo saber que ese supuesto testimonio ante escribano público no había sido presentado al cierre de la última jornada judicial de la semana. “Desde el punto de vista del derecho penal internacional ese artículo de La Nación somete a una revictimización a una persona que ha sufrido un delito de lesa humanidad, como es Lidia Papaleo. Es algo que está condenado por una resolución de las Naciones Unidas para la protección de víctimas y testigos de crímenes de lesa humanidad”, explicó a Miradas al Sur un jurista ducho en la materia.
Al mismo tiempo, quedó al descubierto el trasfondo de otra maniobra. El domingo pasado, Miradas al Sur reveló que la supuesta declaración del ex embajador ante la Unesco Gustavo Caraballo ante el juez Arnaldo Corazza nunca había existido, sino que se había tratado de la simple presentación de un escrito. En su momento, Clarín y La Nación publicaron que Caraballo había testimoniado que, mientras se encontraban detenidos-desaparecidos en Puesto Vasco, Lidia Papaleo de Graiver le había dicho que nunca la interrogaron sobre Papel Prensa. Al margen de la falsedad de la supuesta noticia publicada, lo que ninguno de los dos diarios asociados en Papel Prensa dijo es que el supuesto testigo declarante tiene vínculos comerciales y familiares con un alto directivo del Grupo Clarín. Gustavo Caraballo está asociado a un emprendimiento en el sur argentino que dirige su sobrino, Gonzalo Caraballo, quien a su vez es yerno del vicepresidente de Clarín, José Aranda. Lazos de sangre y de intereses que permiten leer bajo una nueva óptica ciertos testimonios y supuestas noticias. Una operación mediática más, de las muchas que todavía pueden esperarse.
Al mismo tiempo, quedó al descubierto el trasfondo de otra maniobra. El domingo pasado, Miradas al Sur reveló que la supuesta declaración del ex embajador ante la Unesco Gustavo Caraballo ante el juez Arnaldo Corazza nunca había existido, sino que se había tratado de la simple presentación de un escrito. En su momento, Clarín y La Nación publicaron que Caraballo había testimoniado que, mientras se encontraban detenidos-desaparecidos en Puesto Vasco, Lidia Papaleo de Graiver le había dicho que nunca la interrogaron sobre Papel Prensa. Al margen de la falsedad de la supuesta noticia publicada, lo que ninguno de los dos diarios asociados en Papel Prensa dijo es que el supuesto testigo declarante tiene vínculos comerciales y familiares con un alto directivo del Grupo Clarín. Gustavo Caraballo está asociado a un emprendimiento en el sur argentino que dirige su sobrino, Gonzalo Caraballo, quien a su vez es yerno del vicepresidente de Clarín, José Aranda. Lazos de sangre y de intereses que permiten leer bajo una nueva óptica ciertos testimonios y supuestas noticias. Una operación mediática más, de las muchas que todavía pueden esperarse.
Fuente: Miradas al Sur
